Mejora Regulatoria: un instrumento para combatir la corrupción

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Mejora Regulatoria: un instrumento para combatir la corrupción

En los últimos años se ha hablado mucho acerca de la mejora regulatoria, pero quizá sea necesario comprender qué es y cuál es su papel en el combate a la corrupción. No en vano, este tema se ha convertido en prioritario en la agenda del gobierno federal, estatal y municipal y en el sector empresarial en general.

Comenzaremos por saber que la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

En este sentido, en Coparmex Querétaro tenemos la misión de promover condiciones óptimas para la creación de más y mejores empresas, por ello, a través de nuestra Comisión de Mejora Regulatoria ofrecemos acompañamiento a las políticas gubernamentales que impulsen trámites y servicios más sencillos y transparentes, algo que sin duda, evitará actos de corrupción. Es de suma importancia que las autoridades sepan las necesidades y problemáticas de los empresarios a la hora de realizar un trámite oficial.

Te invitamos a leer este ensayo realizado por José Berumen, presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria de Coparmex Querétaro, quien nos habla acerca de las acciones y estrategias realizadas para combatir a la corrupción desde la mejora regulatoria  y su implementación para beneficio común de los queretanos. 

 

 

 

 

 

Ensayo

Combate a la corrupción a través de la Mejora Regulatoria

 

José Francisco Berumen Segura

Ciudad de Querétaro, México

Agosto, 2019

I. Introducción

Para los políticos mexicanos, el combate a la corrupción se ha convertido en una “bandera” y en parte esencial de su agenda, sin embargo, los números demuestran que lejos de disminuir, los índices de corrupción suben y los escándalos por esta situación no dejan de presentarse en la clase política.

De acuerdo a Transparencia Internacional, México es el país más corrupto entre las naciones que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En su reporte de 2018, el organismo destacó una nueva caída de nuestro país en el Índice de Percepción de la Corrupción, al obtener una calificación de 28 puntos en una escala de cero a cien, en la que cero equivale a un país muy corrupto y 100 a uno muy transparente. 

Si lo comparamos con años anteriores, entre 2008 y 2014, México cayó 31 posiciones; en 2015, obtuvo una calificación de 31 puntos; 30 en 2016; 29 en 2017 y como ya mencionamos, 28 en 2018, quedando en el lugar 138 de 180 países. 

Lo anterior refleja el empeoramiento de esta problemática en nuestro país y que vivió uno de sus capítulos más desafortunados en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en donde casos como el de la Casa Blanca, de la constructora OHL, la Estafa Maestra y los de corrupción en los que se vieron involucrados los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte; de Tamaulipas, Tomás Yarrington y el de Veracruz, Javier Duarte, por mencionar sólo algunos, han demostrado que esa “bandera” no ha sido más que retórica y una forma de ganar votos en tiempos electorales en donde se promete de todo con tal de llegar al poder.

No obstante, es justo reconocer que se han hecho importantes esfuerzos para combatir esta problemática y uno de ellos es la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual entró en operación el pasado 19 de julio de 2017 y que tiene como objetivo coordinar a las autoridades federales, estatales y municipales para que prevengan, investiguen y sancionen, tanto las faltas administrativas como los actos de corrupción. 

En ese sentido, cabe destacar que el estado de Querétaro fue el primero en instalar el Sistema Estatal Anticorrupción, cumpliendo con la obligación establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se indica, entre otras cosas en su artículo 113, que los estados “establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

El Sistema permite que los ciudadanos incidan también en la creación de políticas públicas, lo que hace que pasemos de simples espectadores a actores y podamos vigilar que las normas y leyes se apliquen, a partir de ello evitar la impunidad, la omnipresencia y omnipotencia de la corrupción.

 

II. La corrupción

 

La corrupción se define como el abuso de poder para beneficio propio. De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública, ésta se clasifica en tres partes según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca: corrupción a gran escala, corrupción menor y corrupción política.

-Corrupción a gran escala:  Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del estado, y que permite a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

-Actos de corrupción menores: Consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

-Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio. Algunas de las modalidades de la corrupción son: el tráfico de influencias, el contrabando, el peculado, el uso privado de bienes públicos y el soborno.

Precisamente, es aquí es donde se produce la mayor cantidad de actos de corrupción; desde la “mordida” que se otorga a un elemento policiaco para evitar ser infraccionado hasta el pago indebido a un servidor público por la realización de un trámite, lo que supone una afectación importante a ciudadanos y empresarios.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 82.2% de las unidades económicas a nivel nacional consideran que los actos de corrupción por parte de los servidores públicos son frecuentes, particularmente en los sectores de Comercio, Industria y Servicios.

La misma encuesta señala que el 64.6% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites. Mientras que el 39.4% señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones.

Por otra parte, #MxSinCorrupción es un indicador de la iniciativa #DataCoparmex, elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que muestra la frecuencia con la que las empresas socias de este organismo se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el gobierno a través de un trámite público.

El indicador #MxSinCorrupción señala en su reporte de marzo de 2019 que el 38.2% de los socios de este sindicato patronal reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción durante 2018.

A nivel estatal, los estados que muestran mayores porcentajes en este sentido son: Guerrero con 61%, Chiapas con 60%, Quintana Roo con 52%, Morelos con 52% y Ciudad de México con 50%; mientras que los estados que muestran menor porcentaje son: Chihuahua con 19%, Tlaxcala con 22%, Querétaro con 24%, Hidalgo con 28% y Durango con 29%.

Esto quiere decir que en 6 de 30 entidades, al menos 5 de cada 10 empresas reportaron haber sido víctimas de algún acto de corrupción.

Al respecto, el ENCRIGE señala que los trámites corruptos costaron mil 600 millones de pesos a las compañías en 2016.

Es importante reconocer que para que haya un acto de corrupción se necesita de al menos dos partes, en este caso, hay que comentar que la corrupción no sólo se da en el ámbito político sino en el empresarial, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos para evitar estas conductas con procesos más ágiles y transparentes; es ahí donde cobra importancia la Mejora Regulatoria.

III. La Mejora Regulatoria

Bajo el contexto dado a conocer anteriormente, cobra relevancia la llamada Mejora Regulatoria, la cual es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados y de instituciones eficaces para su creación y aplicación con la intención de propiciar el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano.

El propósito de la mejora regulatoria es procurar los mayores beneficios para la sociedad que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.

En este sentido es justo mencionar la existencia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Cemer) y sus equivalentes a nivel municipal. Dichos organismos tienen la responsabilidad de promover la mejora en las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios que inhiban la discrecionalidad y optimicen el quehacer gubernamental para impulsar la productividad y fomentar la competitividad y el empleo.

En contraparte, la Coparmex a nivel nacional cuenta con la Comisión de Competitividad, mientras que en Querétaro contamos con la Comisión para la Competitividad y Mejora Regulatoria, las cuales tienen como objetivo pugnar por una verdadera mejora regulatoria, que homologue, simplifique y transparente el proceso de creación, desarrollo y sobrevivencia de las empresas, así como observar y acompañar los trabajos que en esta materia realizan los gobiernos federal, estatal y municipal para que conozcan de primera mano las necesidades del sector empresarial.

Es así que desde 2013, la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex Querétaro, la cual presido desde el año 2017, ha coadyuvado con los encargados municipales y del estado para identificar, a través de un registro, todos los trámites que existen actualmente, los cuales suman en promedio 200 en cada uno de los 18 municipios y 468 en todo el estado.

Para esto, nuestra Comisión ha designado a un enlace ante los encargados del área de mejora regulatoria, tanto del estado como de los municipios, con la finalidad de mantener informados a los socios de los avances que existen.

Sin duda, un trabajo titánico que representará beneficios, no sólo para lo empresarios sino para los ciudadanos en general, ya que con esto se logrará conocer la naturaleza, especificaciones y requerimientos de todos los trámites con la finalidad de hacerlos más ágiles y transparentes y así evitar actos de corrupción.

De la misma forma, uno de los retos más grandes es socializar todo este trabajo, es decir, que cada uno de los ciudadanos conozcan perfectamente sus alcances y a todos los involucrados en  prestar servicios, particularmente con las visitas domiciliarias.

IV. Conclusiones 

Conocer la ruta crítica de cada trámite, desde su inicio hasta su final, así como los costos, documentación necesaria y la posibilidad de hacerlos en línea son desafíos que supone la Mejora Regulatoria, la cual necesita del apoyo de todos para que sea una realidad y para que logre su principal objetivo.

En este sentido, el papel del sector empresarial es fundamental y de eso está convencida nuestra Confederación Patronal, pues resalta que medir e impulsar acciones para combatir la corrupción es relevante porque esta problemática genera costos importantes en las empresas, lo que les impide mejorar su competitividad, además de que limita la inversión pública y privada y crea servicios de baja calidad.

De ahí que la Mejora Regulatoria sea un arma potente para combatir los actos de corrupción, una problemática que ha inhibido el crecimiento real de nuestro país y que ha mermado el potencial del sector productivo.

Tenemos que lograr el tan anhelado círculo virtuoso que consolide a las instituciones, que el gobierno brinde certidumbre que motive la inversión nacional y extranjera para generar más y mejores empresarios y colaboradores y así lograr que se impregne en el ADN del mexicano una cultura anticorrupción.